El cobro relacionado con el abastecimiento de agua potable, la descarga de aguas residuales y la potabilización de agua, son un tema muy complejo e interesante. Lo observado a través de los años nos ha demostrado que se deben de cumplir simultáneamente distintos objetivos económicos, financieros, sociales y políticos, en función del entorno en el que opera cada sistema.

Los “precios del agua” que representan las tarifas, deben de reflejar las relaciones que existen entre los costos del servicio y el valor que cada grupo social le da al agua. El objetivo consiste en relacionar la demanda del recurso y lo que este puede ofrecer para beneficiar a la sociedad.

Normalmente, un sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento (incluyendo la potabilización de agua), no persigue fines de lucro, por lo que, generalmente, desde el punto de vista de la teoría económica, las tarifas fijadas resultan de igualar el precio a su Costo Marginal. Sin embargo, muchas veces el organismo opera ineficientemente tanto técnica como financieramente; esto refleja un problema para el usuario, pues esta ineficiencia puede ser transferida a las tarifas, resultando en un cobro y fijación de precio ineficiente. Víctor Lara Ruiz y Ricardo Sandoval Minero proponen, por lo tanto, que el sistema tarifario cumpla ciertos objetivos:

  • Permitir el acceso universal a un volumen mínimo para la subsistencia.
  • Recuperar los costos de inversión, operación y mantenimiento, además de aplicar lo recaudado a la conservación y ampliación de la infraestructura para evitar su deterioro e insuficiencia.
  • Reflejar el valor del agua en zonas de escasez, para corregir cambios entre los niveles de la demanda con relación a las disponibilidad o capacidad de las fuentes.
  • Internalizar los costos sociales por la contaminación de las fuentes de agua ubicadas debajo de las descargas del sistema en cuestión.
  • Desalentar la asignación ineficiente del agua.
  • Apoyar los objetivos nacionales de desarrollo regional.
  • Financiamiento de las acciones para la conservación de las cuencas y la buena administración del recurso.

El poder administrar el sistema de precios de forma adecuada, dependerá del nivel de desempeño y de las relaciones que tenga el organismo operador con los órganos de control internos y externos.

En el contexto mexicano, los operadores están restringidos en distintos sentidos. Una de estas restricciones es lo cómodo que resulta para los candidatos y partidos políticos el prometer no incrementar los precios de los servicios. Generalmente, estas promesas tienen un fuerte impacto en las campañas, aunque, en realidad, significan un subdesarrollo político. Estas promesas generan un problema mayor, pues, muchas veces, los ingresos generados no alcanzan para financiar los costos reales del abastecimiento, por lo que los gobernantes delegan este problema a los organismos operadores municipales, estatales e incluso federales, sin apoyarlos en lo más mínimo. Las causas generadas por esta delegación provocan que los trabajos de modernización y mantenimiento sean pospuestos e, incluso, cancelados. Como última consecuencia, resulta un empeoramiento en el servicio que presiona las finanzas, incluso del ayuntamiento, pues este, sale al rescate con subsidios.

En México, como en muchos otros países, el uso de servicios por parte de la industria agrícola queda exenta del pago de derechos. El problema es que en muchos estados y municipios del país la mayoría de la población tiene como actividad principal la agricultura, por lo que es muy poco lo que recibe el Estado por el uso de agua.

Otra limitación es la escasez y la falta de concientización por parte tanto del Estado, como de la ciudadanía. La ciudadanía no genera conciencia y el Estado no la promueve. La ciudadanía, en realidad, no tiene noción de la escasez, pero menos tiene noción de lo que “cuesta” el poder contar con agua. El pago del servicio no incluye sólo la distribución de agua, incluye también la potabilización de agua, así como la descarga de aguas residuales; contrario a lo que mucha gente puede pensar.

Otra gran limitante es el acelerado y generalmente desordenado crecimiento urbano. Esto, ligado con la polarización social existente en México. Lo que sucede es que los terrenos más baratos se encuentran generalmente en zonas en las que resulta complicado y caro para los organismos operadores ampliar la red de servicio. Esta ampliación incluye la construcción de redes sin la seguridad de contar con una correcta desinfección, regulación y conducción del agua potable, además de la conducción, captación, tratamiento de las aguas residuales y potabilización de agua.

Podríamos decir que el problema más grave relacionado con los organismos operadores y las tarifas aplicadas en México es el cobro de tarifas que no son reales. Ya sean tarifas más altas o más bajas. Para solucionar esto, es necesario el considerar que cada uno de los municipios del país enfrenta una realidad diferente (consideración angular para el tema a tratar). Víctor Lara Ruiz y Ricardo Sandoval Minero proponen tres temas centrales para la resolución del problema. En primer lugar, elaborar un esquema tarifario integral para generar un desarrollo armónico tributario en cada municipio. En segundo lugar, generar suficiente información para que la ciudadanía conozca y tenga conciencia de los costos operativos reales en los que incurre un organismo para poder garantizar un abasto adecuado y suficiente. Por último, lograr que los miembros de los ayuntamientos establezcan tarifas responsables con la población y con los organismos operadores.

Para resolver estos problemas puntuales, deben de existir soluciones puntuales. Un ejemplo de solución fue el aplicado en los años noventa en el estado de Guanajuato. Al ver que distintos ayuntamientos cobraban distintos conceptos, estableciendo diversos precios y existiendo múltiples niveles de consumo; el estado decidió aplicar una tarifa arancelaria común para todo el estado. El consumo necesario para la subsistencia es de 10 metros cúbicos por mes por persona, por lo que se tomó como rango base el bloque correspondiente a un consumo entre los 0 y los 10 m3 mensuales. Con esta tarifa, sólo se cobraría el Costo Marginal incurrido por el organismo. La tarifa iría aumentando ascendentemente en bloques de 10 m3. Esto significa que el subsidio aplicaría para aquellas personas que consuman bajas cantidades de agua. Serían menos beneficiados aquellos que consumieran mucho, desperdiciaran o hicieran mal uso del agua. La solución llevó a que los usuarios consumieran lo que realmente necesitaban, provocando un uso real y responsable del agua.

Los problemas relacionados al cobro de tarifas distintas a las reales se han ido resolviendo, aunque queda camino por recorrer. Las soluciones existen y son viables. El objetivo de los organismos operadores y ayuntamientos (con ayuda de los estados y la federación), debe de ser ofrecer un servicio suficiente y de calidad aplicando tarifas reales. Estas tarifas llevarán a la eliminación de subsidios que afecten a los sectores marginados y a la creación también de subsidios que beneficien a dichos sectores.