En México, poco se ha hablado de lo necesaria que podría llegar a ser una política nacional de agua y saneamiento, a pesar de que existen distintos elementos que nos podrían hacer pensar que sí se necesita una política de este tipo, los cuales, podrían resumirse en las condiciones generales del sector; en que, a pesar de todo lo que se ha invertido y construido, aún existe un rezago contundente, aunado a la carencia de objetivos claros expresados como parte de la política actual.
Es importante tomar en cuenta las conclusiones a las que se ha llegado en esta materia en distintos foros internacionales relacionados con el sector. La primera consideración es una ya conocida por la mayoría de nosotros: El agua es un recurso que cada día se vuelve más escaso, ya sea por su escasez, por su desperdicio o por su contaminación (falta de una planta potabilizadora cercana).
Es por esto, que su gestión debe de ser integral, descentralizada y participativa. Debido a que en México su gestión está centralizada (aunque no completamente), la participación de la sociedad está muy limitada.
En nuestro país, la ley permite que existan distintos mercados de forma regulada; el problema es que estos mercados generalmente no se dan en la práctica. El derecho del agua no está bien definido y, por lo tanto, no es completamente comprendido por la ciudadanía y el gobierno. En México, la diferencia de disponibilidad del agua entre distintas zonas de la república es abismal; muchas regiones no cuentan, siquiera, con una planta potabilizadora cerca, por lo que el agua limpia no existe para esas personas. El promedio está muy alejado de lo que en realidad vive cada habitante. Los datos están muy sesgados.
Un dato interesante, pero preocupante, es el siguiente: Las zonas que producen el 80 % del PIB (producto interno bruto) en México, presentan un promedio de 2,000 metros cúbicos de agua al año por habitante. Esta cifra es considerada internacionalmente como muy baja, incluso, se podría decir que peligrosamente baja.
En nuestro país, otra de las limitantes es la relacionada con la agricultura y con el uso del agua a través de esta actividad. En promedio, la agricultura de riego utiliza aproximadamente el 78 % del agua extraída en el país. Agua que necesita, por lo menos, haber pasado por una planta potabilizadora para estar limpia y no causar riesgos a la salud. Esto no representa un problema si se toma la información de esta manera. El problema se presenta al conocer los siguientes datos: Los métodos que se usan para el riego, en el 80 % de las ocasiones, son tradicionales, lo que provoca que la eficiencia de estas técnicas en el uso del agua sea sólo del 46 %. La agricultura representa, en México, una ocupación solamente del 21 % y genera la impresionantemente baja cifra del 4 % del PIB nacional.
Hasta ahora, sólo hemos hablado del sector urbano en cuanto a disponibilidad y a calidad. En el sector rural las cifras son todavía más alarmantes. La cobertura urbana es del 68 % (cifra poco digna de presunción), y, además, la cobertura rural es tan sólo del 36.7 %.
En México, la Constitución establece que los encargados del suministro de agua son los Ayuntamientos. La CONAGUA establece como principales limitantes al servicio las tarifas deficientes y la falta de actualización de padrones de usuarios (lo cual dificulta aún más la recaudación). Esto provoca que no se puedan cubrir los costos básicos de operación y de mantenimiento, por lo que es prácticamente imposible pensar en inversiones a largo plazo. El objetivo de la CONAGUA y de los municipios debe de ser promover la autosuficiencia de los servicios de agua potable y de alcantarillado.
Aunado a esto, en México tenemos otro gran problema. No podemos hablar de resultados buenos o malos, sólo es posible mencionar que los resultados han sido simplemente inconclusos. No se concretan los procesos que puedan beneficiar los servicios y finalmente a la población. En nuestro país es común encontrarse con una red de atarjeas, líneas de conducción o planta potabilizadora inconclusa o deficiente.
La participación privada es algo que se ha buscado, de distintas formas, a través del tiempo. Los fines que busca este tipo de participación consisten en que la iniciativa privada aporte capital de riesgo y financiamiento del cuál muchos Ayuntamientos no disponen. El que exista participación privada también promueve que haya éxito y estabilidad tanto económica como administrativa.
La principal motivación de la participación privada es buscar un beneficio económico. Por esta razón, es muy criticada por la ciudadanía, ya que un privado en realidad no busca dar una aportación social y gratuita. El gran beneficio de la participación privada es que minimiza costos en el estricto sentido de la palabra. La gran desventaja es que las condiciones que presenta nuestro país no aseguran ni siquiera, que estos costos puedan ser recuperados.
Esto nos lleva a pensar que el gran reto para México es poder establecer las condiciones necesarias para que el servicio pueda ser prestado de forma adecuada, eficiente y suficiente por cualquier organismo; ya sea público o privado. Todo esto, con el objetivo de que el servicio y los precios sean los mejores para la población. Para que esto se cumpla, debe existir un marco adecuado que lo permita, una iniciativa política que lo impulse y una conciencia responsable, tanto en el pago, como en el uso por parte de la población.
Son necesarias políticas que tengan la mira a largo plazo. Que se definan las responsabilidades de cada uno de los organismos, así como las de la sociedad. Que se establezcan subsidios responsables, que beneficien a la ciudadanía y que puedan ser recuperables por los prestadores de servicios (principalmente, si son privados). Que existan mecanismos claros y responsables para el cobro de los servicios.
Esta planeación es urgente para la nación. Estos trabajos deben de buscar siempre la autosuficiencia de los prestadores de servicios. La iniciativa privada debe de ser una opción, una alternativa real y no solamente teórica. Esta alternativa debe de ser considerada sólo cuando el riesgo del país es mínimo y los costos de la implementación no representen mayores costos para la población.
Previo a la utilización de este recurso, es necesario que sí exista un marco legal y una política nacional; estas dos acompañadas de una respuesta social responsable.